lunes, 27 de abril de 2020

El sistema sanitario bipolar de Panamá


Técnicamente casi nadie conoce que las pruebas de laboratorio para el diagnóstico positivo de 'COVID19' solo analizan el conteo multiplicado de exosomas del tejido genético tomado como muestra de un paciente bajo sospecha, pudiendo con ello detectar la respuesta natural característica del sistema inmunológico ante distintos tipos de patologías [1], y aún así diagnosticarlo con el código 'COVID19 U07.2'.
[1]
Es más, las pruebas utilizadas en Panamá para diagnosticar el llamado 'COVID19' han sido calificadas por los científicos como ineficaces [2].
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Ni siquiera, según ellos, el RT-PCR es la segunda mejor técnica de detección que existe para cualquiera de las patologías [3].
[3]
De hecho, desde febrero de este año se concluyó que la prueba recomendada para diagnosticar lo que se ha denominado como 'COVID19' sea la utilizada para detectar afecciones pulmonares producidas por exposición a radiación electromagnética [4].
[4]
Es por lo anterior, que deliberadamente la codificación clínica de mortalidad 'U07.2' [5] emitido por la OMS, y de carácter obligatorio por el MINSA, permite diagnosticar como 'COVID19' a pacientes cuyas 'pruebas de laboratorio no son concluyentes o no están disponibles', estando ésta categoría ('virus no identificado') entre las 'adecuadas para la codificación de la causa de muerte'.
[5]
El escenario se torna aún más preocupante, si luego de esta incertidumbre en las pruebas (que aún así son diagnosticadas bajo COVID19 con el código U07.2), se adiciona el agravante del fallecimiento de un paciente así diagnosticado. El MINSA, previendo estos casos, ha adoptado la Guía para cadáveres con sospecha de COVID19 [6], estableciendo que 'a los cadáveres de personas fallecidas con sospecha o para confirmación por COVID19' se proceda a 'no realizar autopsias o necropsias debido a la posibilidad de generación de aerosoles.'
[6]
De esta manera, se permite en el corto plazo, que sea la propia descomposición natural la que borre toda evidencia detectable en el momento de la muerte, y que pudiera servir como potencial prueba forense (técnica y legal) para desvirtuar lo diagnosticado oficialmente.

Mientras desconciertos sanitarios como éstos se desarrollan, es imperante que COMO MEDIDA CAUTELAR SE RESUELVA LA SUSPENSIÓN del artículo 1 de la Resolución de Consejo de Gabinete No. 11 de 2020 que declaró el Estado de Emergencia a un pueblo sometido al hambre, pues tal declaratoria no puede prohibir de manera genérica el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad, reunión y circulación contenidos en la Constitución,
característico de una declaratoria de Estado de Excepción.

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