lunes, 13 de agosto de 2018

No a la infiltración de Plutócratas en la reestructuración del sector agropecuario

Frente 'Unidos por el Agro'
El 16 de agosto de 2018 será la reunión entre representantes de los productores alimentarios y el Presidente de la República. Así lo ha prometido el mandatario. La crisis e inestabilidad del sector es a tal punto, que aun poniéndoles plata adelantada para invertir en él, no la tomarían. El nivel de frustración de ganaderos y agricultores se debe a la impotencia de sus esfuerzos ante un gobierno que se ha dado a la tarea de favorecer a un grupo de empresarios influyentes, al intervenir el mercado con la firma de TLC’s y sus cláusulas perjudiciales, otorgando permisos de importación de principales rubros de cultivo local en pleno período de cosecha, y demás asuntos ventilados en noticiarios y redes.

Sin embargo existen amenazas de que el Ejecutivo, utilizando los medios de propaganda masiva, intentará boicotear el movimiento reformista al pretender confundir a la población de que la prioridad a resolver se simplifica en solo 2 puntos, carne y leche. El frente Unidos por el Agro, que apela al rescate del sector, plantea para ello establecer una política de estado incluyente y sostenible, abarcando no dos, sino todos los rubros agropecuarios.

Nos preocupa que la intención del equipo de gobierno logre su cometido y se permee dentro del gremio de productores dejando de lado el propósito primordial de lucha que los llevó a este estado catatónico en que hoy se encuentra. Por ello, reconoceremos algunas de la muchas formas de ver cómo la corporaciones, transnacionales y el poder a través de funcionarios de turno, se logran imponer en las demandas populares.

10 huellas para reconocer la imposición de la élite empresarial en el resultado del paquete de propuestas de rescate:

  1. Que no se tome en cuenta a los campesinos pobres, a la mujer campesina. En el sector rural son mas de la mitad de los habitantes, sin contar a los que han migrado a la ciudad producto del desplazamiento por acaparamiento o expropiación de tierras (gentrificación), y que suman ya mas del 14% de la población urbana; aquí, incluso llegan a formar parte de los llamados indigentes. Peor aún en las comarcas, donde los campesinos pobres con menos de $1 al día rondan el 90%. Estos últimos, sobre todo, deben estar presentes para ser escuchados como nunca lo han sido. No todos entran en la llamada agricultura familiar, porque muchos pertenecen a familias disfuncionales, o no tienen familia, practicando sembrados de subsistencia. La mujer, oscurecida en toda sociedad de predominancia patriarcal, debe obtener su emancipación para estabilidad de la tierra, el capital, la familia campesina y del esto de la sociedad.
  2. Que no se tome en cuenta a los garantes de la conservación de la naturaleza, a los custodios de semillas nativas y de sabidurías ancestrales. Es crucial la representación de los campesinos comarcales, o etnias originarias del istmo para hacer valer sus demandas. Ellos por milenios son los verdaderos ambientalistas y deben ser reconocibles en las mesas de discusión. La representación de las etnias comarcales debe ser visible en las negociaciones.
  3. Que no se tome en cuenta a los pescadores artesanales. La pesca está considerada como una actividad pecuaria practicada en aguas continentales, marítimas, ríos o lagos y estanques desde hace miles de años. Su representación debe ser plenamente visible entre los negociadores. Cooperativas de pescadores panameños y pescadores independientes han sido por décadas olvidados por las políticas agresivas de los codiciosos extractivistas. La contaminación de residuos tóxicos a suelos y acuíferos que vierten a lagos y ríos, culminan también en mares
    generando hipóxia o falta de oxígeno del agua en todas sus etapas, acabando con poblaciones enteras de especies de agua dulce y desplazando las de agua salada a zonas mas profundas. Como resultado de las actuaciones de terceros, los pescadores enfrentan pérdidas que no son asumidas por los responsables teniendo que buscar su sustento a zonas lejanas. Los mares panameños llevan años de estar siendo concesionados para la explotación de barcos provenientes del continente asiático. Hoy en medio de las negociaciones históricas a puerta cerrada para la firma del TLC con el imperio Chino y la coincidencia en tiempo de la histórica revisión del mar territorial panameño, la supervivencia de la fauna marina de nuestras costas no puede estar en mayor estado de alerta.
  4. Que persistan políticas en favor del oligopolio de semillas. Solo 3 firmas transnacionales poseen la patente del 50% de las semillas del mundo, entre ellas BAYER. Las instituciones panameñas operan con el presupuesto del pueblo al servicio de esas corporaciones para garantizarles los derechos de autor. Las instituciones bancarias, privadas o públicas, cuando otorgan préstamos agropecuarios, lo hacen sólo si utilizan semillas certificadas bajo marcas registradas. Regulaciones aduaneras criminalizan el intercambio de semillas nativas bajo justificaciones cuarentenarias sin sustento científico. La privatización de híbridas y el fomento de la importación de transgénicas están erradicando las nativas celosamente conservadas por guardianes de semillas. Toda forma natural debe ser libre y debe garantizarse su preservación.
  5. Que se siga violando el Principio de Precaución. El director del Instituto Oncológico Nacional declaró hace unos meses que en Panamá, la alarmante proliferación del cáncer es “lógicamente provocada por la mala alimentación, por la contaminación ambiental, por el uso de pesticidas, y plaguicidas".
    En el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, Panamá siendo miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, debe adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible. Sin embargo distintas entidades gubernamentales están involucradas en la autorización para fabricar, importar, comercializar, suministrar y distribuir plaguicidas, aditivos alimentarios y medicamentos veterinarios en perjuicio de la inocuidad de alimentos de todos los habitantes a nivel nacional, y se sigue fomentando académicamente las bondades de su utilización.
  6. Que siga la privatización de la educación e investigación agropecuaria. La sentencia contra BAYER (Monsanto) por casi $300 millones de esta semana, es solo una confirmación mas de que su modelo de negocios está relacionado con la manipulación de la ciencia. El juez reconoció que contratan a científicos para proyectar informes de que sus productos son inofensivos. No están
    interesados ​​en la verdad de sus productos, solo en ganar dinero. La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) ha sustentado esos informes privados sobre plaguicidas por medio de sus reglamentaciones ("efecto de financiación", que se refiere a cuando es más probable que un estudio científico esté a favor del patrocinador del estudio). Con este fallo histórico se crea conciencia sobre el papel de las agencias reguladoras gubernamentales de los países, y que en Panamá recae en el MIDA, el MINSA y en MiAmbiente. A la gente le gusta confiar que las agencias reguladoras realmente procuran nuestro mejor bienestar en el fondo, pero al final son agencias políticas y están dirigidas por personas designadas por razones políticas. La reciente propuesta oportunista y politiquera de una diputada fomentando el desmantelamiento del patrimonio de Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, junto con la venta irregular del Centro Experimental de Río Hato al proyecto de Buenaventura, la disposición a empresarios del Centro de Investigaciones de Tocumen bajo investigación, las intenciones de disponer de la finca de Chiriquí que derivaron en protestas, y ante la negativa reiterada del Presidente de compensar académicamente a los universitarios afectados al rechazar la adquisición y construcción de nuevas instalaciones, persisten en hacer de la educación e investigación alimentaria un negocio, poniendo en riesgo la salud de todos.
  7. Que no se discuta la sujeción al CODEX ALIMENTARIUS. Empresas como BAYER consolidaron su poder al legalizar la globalización de sus actividades por medio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), a través de la confección de reglamentos recogidos en un solo compendio mundial que indica los parámetros establecidos por ellos como inofensivos en dosis de residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios y aditivos en nuestros alimentos. En pocas palabras unos políticos que no conocemos ubicados a miles de kilómetros decidieron por nosotros cuanto contaminante tenemos permitido comer. Así, es con el CODEX ALIMENTARIUS que se legaliza la dosificación de veneno en nuestra comida y en la de nuestras crías.
  8. Que no se discuta eliminar la burocratización regulatoria sobre cultivos saludables. El
    productor que no está influenciado por la élite empresarial que solo vela por la rentabilidad sobre la salud de las personas, no contempla al ser humano como lo que es, sino como simples consumidores. Por ello es imperante para las grandes corporaciones agrícolas el justificar su rentabilidad produciendo masivamente a costa de insumos industriales que generan residuos en los alimentos. Lo irónico es que, en vez, se exige el etiquetado y certificación orgánica a cultivos agroecológicos que procuran el bien común, en vez de pasarle esa carga punitiva a los que solo producen industrialmente de forma agresiva.
  9. Que no se discuta el etiquetado de productos nocivos. Se debe etiquetar advirtiendo a la población acerca de productos que contengan tóxicos o elaborados con prácticas industriales que utilizaron contaminantes, medicamentos, o aditivos en cualquiera de sus procesos, y que no siga ocurriendo al revés, que el peso lo cargue el de buenas prácticas de producción.
  10. Que se promueva la privatización de la naturaleza y privatización de las construcciones públicas. Es importante recordar que los actos de corrupción mas importantes del gobierno involucran la privatización de bienes estatales como los Puertos de Balboa y Cristóbal, privatizaciones de ríos y aguas para generación y transmisión eléctricas. Es importante la construcción de un puerto o terminal agrícola marítimo o fluvial, 100% estatal, sabiendo que las entidades mixtas público privadas, que no sean para legítimas cooperativas del sector, siempre serán para garantizar una posición exclusiva de una minúscula élite empresarial. Como está ocurriendo en otras latitudes, debe liberarse a los ríos de los dañinos embalses, generadores de gases de efecto invernadero, reestructurar la política energética y renacionalizar las empresas privatizadas sin sobrecostos.
Es muy probable que la recuperación del sector agropecuario volcando la nutrición en beneficio de la población en general no se logre negociando en una mesa de diálogo cuando los gobernantes funcionen en representación de grupos de poder. Solo eso se logrará democráticamente si el pueblo se une: pobres, campesinos, pequeños productores, pobladores comarcales, trabajadores, profesionales e independientes que quieren un verdadero bienestar en común para una sociedad mas justa y convertir a este país en la potencia soberana que se merece, libre del sometimiento extractivista para beneficios en el extranjero, que en su histórico lamentar por el saqueo de sus riquezas, los plutócratas dejan tras de sí sus tierras devastadas, y sus seres desplazados por la desidia.

A los representantes de los productores mantengan el ánimo, procuren la unidad de todos los que se representan dentro del sector, y fuerza de todos con las bases, no dejen que los tiranos sigan imponiendo sus históricas huellas en este sector tan sufrido.

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