lunes, 26 de febrero de 2018

JURISPRUDENCIA: Precedente Legal sobre el Principio de Precaución en Panamá

No son inmunes. Tienen debilidades. Las grandes corporaciones transnacionales, con sus tentáculos de influencia en los distintos gobiernos corruptos, salen casi siempre airosas ante demandas y reclamaciones populares, como medida legal en contra de las clásicas prácticas corporativas abusivas que solo buscan satisfacer sus mezquinos beneficios económicos, por encima de la salud de las poblaciones.

Y digo casi siempre porque acabo de encontrar un precedente que aplica el localmente desconocido Principio de Precaución (este es el primer caso que así lo hace), el que es dirimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como se aborda en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, solicitada por la República de Colombia, y que a continuación detalla:

"B.2 Principio de Precaución
El Principio de Precaución, en materia ambiental, se refiere a las medidas que se deben adoptar en casos donde no existe certeza científica sobre el impacto que pueda tener una actividad en el medio ambiente. Al respecto, la Declaración de Río establece que:

  • Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de Precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
Asimismo, el Principio o Enfoque de Precaución ha sido incluido en diversos tratados internacionales sobre protección del medio ambiente en distintos ámbitos. Entre estos tratados es necesario destacar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que ha sido ratificado por todos los Estados miembros de la OEA, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA y el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros. También está incluido en tratados o instrumentos regionales de Europa, África, el océano Atlántico noreste, el Mar Báltico, el Mar Caspio, el Mar del Norte, el Mar Mediterráneo, el Río Danubio y el Río Rin.

En el Caso de las Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay, la Corte Internacional de Justicia señaló que el Enfoque de Precaución puede ser relevante en la interpretación y aplicación del tratado siendo interpretado en el caso. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia no realizó ninguna consideración expresa sobre la aplicabilidad del Principio de Precaución, más allá de indicar que no revertía la carga de la prueba. Por otra parte, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha señalado que el Enfoque de Precaución ha iniciado una tendencia a formar parte del Derecho Internacional Consuetudinario. Además ha indicado que el enfoque precautorio es parte integral de la obligación general de debida diligencia, la cual obliga al Estado de origen a tomar todas las medidas apropiadas para prevenir el daño que pueda resultar de actividades que realice. Esta obligación aplica en situaciones donde la evidencia científica referente al alcance y potencial impacto negativo de la actividad en cuestión sea insuficiente pero existan indicadores plausibles de los riesgos potenciales.

Diversos Estados miembros de la OEA, por medio de su normatividad interna y la jurisprudencia de sus más altos tribunales, han incorporado el Principio de Precaución. De ese modo, ha sido expresamente incorporado en legislación de Estados como Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Igualmente, los tribunales superiores de Chile y Panamá han reconocido la aplicabilidad y obligatoriedad del Principio de Precaución.

La Corte advierte que diversos tratados internacionales contienen el Principio de Precaución respecto de distintas materias. Asimismo, Estados de la región incluyen el Principio de Precaución dentro de su legislación o ha sido reconocido jurisprudencialmente. El contenido del Principio de Precaución varía dependiendo del instrumento que lo consagra.

Sin perjuicio de lo anterior, la obligación general de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal implica que los Estados deben actuar diligentemente para prevenir afectaciones a estos derechos. Asimismo, al interpretar la Convención como ha sido solicitado en este caso, debe siempre buscarse el “mejor ángulo” para la protección de la persona. Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al Principio de Precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. 

En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al Principio de Precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible."

Siendo así las cosas, me he tropezado con este extraordinario caso ventilado en nuestras cortes de justicia panameñas, sustentado en este Principio de Precaución, esta vez relacionado a una antena de celular que perjudicaba a unos vecinos veragüenses, quienes frustrados, alzaron su voz de protesta optando por recurrir a los procedimientos legales; esta acción legal culminó con un Fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, reunida en Pleno.

Aqui les dejo la Sentencia de 24 de febrero de 2010, contenida en el expediente 910-08, para que sirva de precedente ante las futuras demandas que deberán recaer sobre las entidades involucradas en la autorización, fabricación, importación, comercialización, suministro y distribución de plaguicidas, aditivos alimentarios y medicamentos veterinarios residuales en perjuicio de la inocuidad de alimentos de todos los consumidores a nivel nacional.

Fallo de la CSJhttps://goo.gl/5Csb2i
Fallo de la CIDHhttps://goo.gl/D5hTtR

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