viernes, 21 de diciembre de 2018

El 20 de diciembre y la persecución campesina en Panamá



Por: Alberto Espino, estudiante FCA UP, miembro del Polo Ciudadano

   Ante la cacería montada hoy 20 de diciembre, por la ola de detenciones ilegales que a estas horas se están desarrollando en contra de humildes campesinos y productores, meditamos lo siguiente:

  • Desde un día como hoy 20 de diciembre, hace 29 años, en que fuimos invadidos y nos fue impuesto un régimen neoliberal juramentado en las bases militares gringas, nuestros gobiernos se han mantenido títeres de la oligarquía que pidió la invasión.
  • 29 años atrás, un día como hoy, el imperio norteamericano activó la Operación Blind Logic (Lógica Ciega), aprovisionando a las elites de los medios masivos para divulgación permanente de sus doctrinas.
  • Desde entonces seguimos invadidos por gobernantes ineptos y corruptos mimetizados en partidos tradicionales protegidos bajo el paraguas impune de diplomáticos imperialistas.
  • A partir de esa fecha esta élite neoliberal ha de gozar la alternancia permanente del poder desde la cabeza indistinta de los partidos, burlando el proceso democrático electoral, gracias a las reglas del juego dictadas por ellos y para ellos.
  • Un día como hoy hace 29 años los piratas de la elite se apropiaron de los bienes comunes a través de acciones legales legitimadas por el aparato de gobierno como su instrumento particular.
  • Hoy conmemoramos 29 años de desmejoramiento intencional de las instituciones que velan por el bienestar y calidad de vida de la población.
  • Desde aquel triste día seguimos invadidos por las transnacionales que por un lado son extractivistas de nuestros recursos importados con toda exoneración, y que por el otro son importadores de insumos asesinos de la población.
  • Desde esa fatídica fecha se apropiaron de las semillas al promocionar las patentadas, y utilizan las organizaciones para proliferar su masificación con propósitos monopólicos al extinguir nativas y criollas custodiadas por campesinos.
     Pero es posible revertir esto. Podemos seguir enumerando síntomas evidentes del CAPITALISMO NEOLIBERAL que invade nuestro istmo. Podemos seguir señalando el desplazamiento de la población, la gentrificación, la criminalización de la protesta, mas todo esto es el efecto consecuente de seguir subyugados por quienes ostentan el poder, no importa cuál partido tradicional vaya a contienda cada quinquenio. Seguimos invadidos desde dentro, abramos los ojos.
     Esta cacería que hoy revivimos en Panamá contra el campesinado viola el artículo 9 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y otros Trabajadores de la Tierra en las Zonas Rurales, aprobada hace 3 días en la sede la ONU en New York el 17 de diciembre de 2018, y que nos sentimos orgullosos de ser testigos por años de esta consecución, lucha que duró casi dos décadas. Coyunturalmente, esta criminalización sistemática de la legítima protesta campesina debe servir para presionar con carácter de extrema urgencia a la Asamblea Legislativa para adoptar este instrumento jurídico en nuestra legislación.
     La celeridad con que actúa la policía nacional irrumpiendo en hogares de humildes campesinos, fungiendo como lazarillos del órgano judicial, ordenados por el ejecutivo bajo el régimen neoliberal, todos estos involucrados por generaciones en actos de corrupción comprobada, lavado de dinero, narcotráfico, prevaricación, tráfico de influencias, extralimitación de funciones, desfalcos al erario público, mala administración y demás, nos deja un mensaje claro del por qué no actuan efectivamente contra sus homónimos los pandilleros, y líderes de las mafias de quienes tienen informes de inteligencia en cuanto a sus movimientos.
     Contra ellos no actúan porque les funcionan como disruptores sociales. Las unidades de la Policía Nacional a pesar de que son entrenadas para no pensar, sino para obedecer, juramentaron el proteger y servir a la población. Apelamos en su conciencia a ese instante. El desacato fundamentado contra una orden ilegal no viola los principios constitucionales ni la cadena de mando de liderazgo. La justicia en el actuar es hacer Patria.
     La manipulación de la justicia como lo es la evidente persecución a los campesinos que protestan las ineptitudes de funcionarios que responden a los intereses de empresarios mercaderes de la salud alimentaria es vergonzoso para el uniforme, y deshonran como conciudadanos por gozar del derecho a portar armas para represión popular, justo como los invasores hoy lo hicieron hace 29 años.


#20deDiciembreDUELOnacional      #VivaLasLuchasCampesinas

lunes, 17 de diciembre de 2018

miércoles, 5 de diciembre de 2018

A 90 años de la Masacre de las Bananeras

En la noche de hoy 5 y amaneciendo mañana 6 de diciembre de 2018, se cumplen 90 años de la ‘masacre de las bananeras’, hecho ocurrido en el año 1928, en Magdalena, Colombia

Por Albert Espino, estudiante FCA UP, miembro de Polo Ciudadano

Remontándonos a meses antes de este genocidio, la transnacional bananera (UFC) United Fruit Company (llamada ‘el pulpo’ por tener dominios e influencias supremas en múltiples gobiernos de la región), se encontraba en disputa con los trabajadores, quienes se mantenían en protesta por mejores condiciones laborales y salariales. Esta amenaza para los intereses de la empresa debía ser contenida, y de una manera ejemplar. Para ello utilizaron sus influencias políticas a través de la derecha conservadora (quienes formaban la mayoría en el Congreso) para aprobar la Ley 69, apodada luego como la ‘Ley Heroica’ (una especie de Ley Chorizo que prohibiría la huelga de trabajadores), y que inmediatamente (el 30 de octubre de 1928) fue sancionada por el Presidente colombiano.



Esa Ley Heróica le sirvió de apoyo a la transnacional bananera UFC (Chiquita Banana) para suspender la negociación que se había mantenido hasta el 12 de noviembre con los trabajadores, fecha que dió inicio a la huelga. Como efecto de ello, se giraron órdenes para que entrase el ejército, que permanecía apostado alrededor de las plantaciones para infringir terror e intimidación. Desde el 12 de noviembre hasta el 6 de diciembre los medios de comunicación de entonces se prestaron para calificar a los huelguistas como comunistas, y en consecuencia el 6 de diciembre, por medio de Ley Marcial, el gobierno ordenó a los uniformados poner fin a la protesta pacífica, acribillando estos con toda impunidad (y a punta de metralla) a los campesinos, obreros y a sus familias. Hubo esa madrugada mas de mil colombianos (civiles) muertos, cuyos cadáveres, en su mayoría, fueron lanzados al mar bajo la supervisión cómplice de una fragata norteamericana que vigilaba desde la costa.


Hoy en Panamá, podemos decir que el precio de dejar sin efecto la infame 'Ley Chorizo' del CD en cogobierno con el Panameñismo (que hoy es aliado al PRD), injustamente también costó panameños muertos y heridos. Pero para colmos apenas ayer, la legítima protesta organizada por campesinxs, agricultores y ganaderxs santeñxs fue atacada con violencia por parte de uniformadxs (sin vergüenza al uniforme y en violación e irrespeto a su juramento) para proteger los intereses de las grandes empresas del sector agropecuario.

Hoy en Panamá podemos decir que en Barú el ejército panameño de fronteras (SENAFRONT) rodea las propiedades de pobladores para lanzarlos, luego de despojarles sus plantaciones para otorgársela directamente a la transnacional bananera DEL MONTE. Su filial BANAPIÑA fue favorecida por TODOS los integrantes de la Asamblea, tanto de los partidos tradicionales como los autodenominados ‘independientes’.

A todos estos gobernantes conservadores de la extrema derecha les decimos: BASTA YA de asesinar al pueblo con sus corruptas actuaciones. Trafican con el espíritu de la Justicia fabricando Leyes que perjudican a la mayoría en favor de sus mafias. Con su aberrado sistema judicial meten preso al inocente, mientras el verdadero culpable es por burla protegido. Asesinan al pueblo al desfalcar el Estado, pues sus despilfarros desabastecen hospitales para aprovisionarlos con placebos inflados, evitando construir carreteras de penetración necesarias, y al hacerlas lo sea con sobrecostos. Destruyen la naturaleza con sus tóxicos, y privatizan las semillas gracias a patentes, con el propósito macabro de malnutrir (y encima encarecer) los alimentos con sus importaciones transgénicas avaladas por los Tratados implementados, y que se pretenden implementar. Desplazan a poblaciones de campesinos y sus familias para ocupar en vastos territorios sus contaminantes industrias extensivas. La desigualdad y pobreza rampante, derivan en aumento de la inseguridad, como estrategia de dominación.

Han pasado 90 años de la impune masacre de la bananera en Colombia con tantos hermanos campesinos muertos, sí, pero hoy amanece un Panamá en que la historia está construyéndose a favor de nuestro lado.

¡Fuerza a las luchas campesinas! ¡No a la OMC! ¡No a Del Monte!

martes, 27 de noviembre de 2018

您好嗎? Algunas cifras del Tratado de Comercio entre Panamá y USA

POLO CIUDADANO
Alberto Espino
Estudiante de Ingeniería en Desarrollo Agropecuario - UP

Desde siglos el mercado panameño se caracteriza por desenvolverse principalmente en el sector de servicios, destacándose en el hemisferio por su entorno transitista debido a su posición geográfica. Esto permite un poco comprender que sectores primarios productivos se hayan mantenido relegados a un segundo plano. Sin embargo, Panamá refleja en los registros anuales haber exportado (hasta hace dos décadas) mas arroz del que introducía al país. Como contraste, a vísperas de la recuperación de la soberanía, el gobierno panameño al integrarse en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1997, se comprometió entre otras cosas a dar trato nacional a los productos extranjeros y a eliminar los obstáculos (arancelarios o no) a empresas, inversores y gobiernos foráneos. No es de extrañar que un par de años sujetos a las reglas de la OMC bastaran a Panamá para dejar de exportar arroz.


En el 2011, antes de la vigencia del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Estados Unidos y Panamá, la balanza comercial entre ambos países rondaba estable por los 2 mil millones de dólares al año, en favor de EUA sobre Panamá, este último que percibía algunos beneficios al cargar impuestos a esos bienes introducidos al territorio nacional. Según la página web del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), las razones para la firma de un TPC con EUA han sido justificables porque: “se podrá aprovechar de mejor manera las ventajas comparativas de Panamá, y lograr una mejor asignación de los factores de producción; (lograr el) incremento de la inversión extranjera a fin de aumentar nuestro potencial como centro de logística y de redistribución, lo cual generará mayores oportunidades de empleo, con el consecuente mejoramiento de las condiciones de vida de la población panameña.” El MICI, en resumen, no analiza el impacto que tendría sobre Panamá en caso de ocurrir lo opuesto, pero es exactamente lo que está hoy sucediendo.

En referencia al ‘aprovechamiento de las ventajas comparativas de Panamá’, en un mercado como el norteamericano, que cuenta con mas de 325 millones de personas, y donde se encuentran las matrices de las empresas alimentarias mas grandes del mundo, sin privilegios a nuestros pequeños productores locales (Panamá solo tiene 4 millones de habitantes) toca ahora darles trato nacional a: CARGILL, CHIQUITA, COCA COLA, DEL MONTE, DOLE FOOD CO., DOW AGROSCIENCES, DUPONT PIONEER, GENERAL MILLS, KELLOGG, KRAFT FOODS, MARS, MONDELEZ, MONSANTO (Bayer), PEPSICO, TYSON FOODS… así como sus marcas registradas y empresas accionistas, por mencionar solo algunas. En cuanto a las inversiones norteamericanas, es cierto que algunas se han dado, y aparentemente no todas en el sentido que inicialmente fue promovido, no porque se hayan dado a la tarea de actividades extractivistas: según Bernie Sanders (el senador independiente que ostenta el récord de más elecciones ganadas en EUA), con las revelaciones expuestas a través de los Panamá (y Paradise) Papers se confirma lo que siete años atrás él había advertido frente al Congreso de los Estados Unidos, cuando alertó de que el TPC con Panamá (votó en contra) serviría para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal por parte de norteamericanos y sus empresas para eludir compromisos tributarios. Ciertamente, el TPC para nada pretende impedir que las transnacionales triangulen transacciones ultramar por medio de sucursales bancarias radicadas en paraísos fiscales, evitando con ello el rastreo de fondos por agentes contralores de ambos gobiernos.



Por todo lo dicho, a solo un par de años luego de la firma del TPC, la estadística ya proyectaba una tendencia progresiva en expandir la brecha de la balanza comercial al punto que, para 2015, el beneficio se inclinó aún más hacia el lado norteamericano, triplicándose a 6,100 millones de dólares sólo con respecto a bienes (con el agravante de que ahora son exentos de impuestos). Peor aún, la proyección de 2018 identifica el objetivo más atractivo del TPC dentro del sector servicios, donde el mercado según datos de 2015 representa 36 mil millones de dólares, de los que USA acaparó entonces 1,6 mil millones en exportaciones y 1,3 mil millones en importaciones. Hoy en día, atraídos quizá por los billones que ofrece el mercado de servicios disponible en Panamá, negociadores del imperio chino (con 1,4 mil millones de habitantes, y cuyas empresas están apoderándose de firmas norteamericanas), mantienen reuniones a puerta cerrada con la contra parte istmeña para firmar un TLC. Empresarios (o sus representantes en gobierno) a cargo de cualquier equipo negociador por Panamá, a juzgar por sus logros con la OMC y el TPC, no serán quienes velen por el bien común de la gran mayoría de panameños, pueblo que se disputa la punta de lanza mundial en inequidad.



El POLO CIUDADANO entendiendo que la idiosincrasia, cultura y el intercambio de bienes y servicios entre pueblos hermanos debe mantenerse libre y soberano en un marco de beneficio mutuo para ambas comunidades, y que la representación de los pueblos no puede ser usurpada por grupos minoritarios que ostentan el poder económico (y por ende influyen políticamente) en sus naciones,
  • hace un llamado a todo funcionario del actual gobierno saliente que conforma el equipo negociador del TLC con China, de que informen a la ciudadanía con toda transparencia y sin secretismos sobre las negociaciones que se están adelantando.
  • Solicitamos al gobierno que resulte electo en los próximos meses, que se reevalúe el impacto social en todos los espectros de la población panameña, afectada por la entrada de Panamá a la OMC y los TLC’s, para encontrar una salida justa.
  • Convocamos también al sector primario nacional, sobretodo a los que no son consultados ni representados en mesas negociadoras, a los pequeños productores, defensores de la naturaleza, pescadores, agricultores, campesinxs e indígenas, que desde sus comunidades estén informadxs, unidxs y vigilantes ante otra amenaza que se asoma en perjuicio de los derechos y oportunidades de las actuales y futuras generaciones.

lunes, 26 de noviembre de 2018

FLUJO DE EFECTIVO - Hoja automatizada

A continuación una hoja automatizada para que ella haga los cálculos sobre Flujos de Efectivo.

INSTRUCCIONES: solo se deben colocar los datos en los espacios amarillos necesarios y la hoja hará el resto. Para mejor visualización pueden abrir la hoja de cálculo en otra pestaña del navegador, y pueden imprimir o salvar los resultados.

Cualquier observación pueden hacerla en los comentarios.

HOJA DE CALCULO - Flujo de Efectivo




jueves, 27 de septiembre de 2018

HISTÓRICO: Se adoptan los Derechos de los Campesinos en Geneva CDH UN

Viena, Ginebra 28.9.2018
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó hoy una Declaración de la ONU sobre los "DERECHOS DE LOS CAMPESINOS Y OTRAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS ZONAS RURALES". Este es un paso histórico en la lucha contra el hambre y contra la discriminación a los campesinos en todo el mundo. Al mismo tiempo, es preocupante la complicidad de los Estados miembros de la UE con las corporaciones transnacionales al abstenerse en la votación o votar en contra de la resolución, la que finalmente fue adoptada.

La Declaración de la ONU, con sus 28 artículos, reúne una variedad de derechos: el derecho a la tierra y otros recursos naturales; en semillas y biodiversidad; soberanía en las decisiones sobre sus objetivos económicos y dietas; en la vida, la libertad, la integridad, el trabajo y mucho más. Ahora debe ser aprobado por la Asamblea General de la ONU.

Éxito importante de la etapa: los derechos rurales se enfrentan al reconocimiento

Los gobiernos suelen priorizar los intereses de los inversores sobre los derechos humanos básicos de las comunidades de pequeños agricultores. La Declaración de las Naciones Unidas aprobada hoy protege mejor a los pequeños agricultores y sus comunidades en contra de los intereses de las corporaciones agrícolas. La declaración es un paso importante para detener el creciente desplazamiento de los pequeños agricultores para evitar el éxodo rural, para la protección del clima, y para lograr la soberanía alimentaria.

Aquí la Resolución

Señal EN VIVO

miércoles, 19 de septiembre de 2018

GUERRA ASIMÉTRICA: Los Vencedores y Vencidos del TPC US-PANAMA

Alberto Espino
POLO CIUDADANO

Hace una semana pasó desapercibido en Panamá otro aniversario del 'Día Internacional de Lucha contra la OMC y los Tratados de Libre Comercio', que se conmemora todos los 10 de septiembre, un día en que en 2003 fue ejecutado el líder campesino Lee Kyung Hae, apuñalado en plena barricada de protesta frente a la policía que estaba apostada a las afueras de donde se reunía la Cumbre de la OMC en Cancún, Mexico; y que sorprendentemente todos aún hoy describen el hecho como un suicidio.

Su asesinato, sin embargo, no debiera resultar extraño debido a que no es el único líder social aniquilado por los grandes intereses del comercio internacional: las voces de cientos de miles de personas fueron para siempre acalladas desde entonces en todo el mundo de forma directa, e incontables más indirectamente por sus prácticas comerciales.

Tampoco es algo anormal que en nuestro país estos temas se desconozcan porque en la televisión cuando no se la pasan transmitiendo programas de entretenimiento vacío, y mensajes fomentando una sociedad consumista, los medios están cubriendo campañas políticas de personajes que representan el corpopulismo autoritario. Y sobre este fenómeno algunas figuras prometen solucionar la catástrofe ambiental y el desequilibrio social que sufren lxs ciudadanxs a lxs que pretenden representar, cuando esxs mismxs candidatxs y sus equipos están compuestxs de las moléculas y células de los partidos y grupos económicos que en primera instancia dieron origen a esos problemas sociales y comunitarios que apuestan resolver, y que hoy día siguen agravando al persistir en el poder. No importa las siglas del partido en que estén, si se evidencia que el imperio económico les está dirigiendo tras bastidores, se tratará del mismo bando de siempre, llamado el del 1% de la población, y que se mantiene inmutable en el tiempo al controlar el 99% restante.

'El Pueblo primero'; 'Consume lo nacional'... ¿en serio?
Una de esas promesas populistas de campaña que calcan los candidatos a elección presidencial, es la de 'levantar el agro', de 'impedir las importaciones', la de 'abastecer las escuelas e instituciones de alimentos locales',' sacar de la pobreza a lxs agricultorxs', entre otras. Sin embargo, no dicen cómo lograrán todo esto, ni cómo sortearán los acuerdos que sus propios partidos (y al que obedecen) han pactado a espaldas de campesinxs.

Sobre este asunto, en estos momentos se discute (en mesas de trabajo de organizaciones productivas) el perfeccionamiento del Proyecto de Ley No.628 que establece el marco general para el sector agropecuario; el mismo fue vetado por el propio Ejecutivo a causa de que, según ese Órgano, viola acuerdos internacionales; el veto reza:
"Los numerales 25 y 28 del artículo 11 de este proyecto de Ley son incompatibles con compromisos internacionales asumidos por la República de Panamá a través de Tratados de Libre Comercio vigentes, particularmente en temas de acceso a mercados y contrataciones públicas, tales como el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América, aprobado mediante Ley 53 de 2007, vigente a partir del 31 de octubre de 2012, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), aprobado mediante Ley 27 de 2013, vigente desde el 1 de agosto de 2013, así como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios (GATT por sus siglas en inglés), que forma parte del Acuerdo de Marrakech, aprobado mediante Ley 23 de 1997." 
Precisamente sobre el TPC con los Estados Unidos, en la reciente visita a Panamá del vice Presidente norteamericano Mike Pence, refirió que su país tiene acuerdos de libre comercio con 12 naciones en este hemisferio, incluido el istmo panameño. También agregó que 'son buenos, y pueden mejorar'
"Serán revisados ​​para que sean justos y para que generen trabajo para América del Norte, y el mundo", agregó Pence en su exposición.
Como vemos, pocos paises cuentan con gobernantes que defiendan tanto los derechos de sus productores como sí lo hacen los gringos; para muestra ayer mismo su Presidente Trump emitió dos twitts (1 y 2) respaldando a sus granjeros. En contraste, en el caso de Panamá los campesinos no parecen contar con el mismo respaldo de sus mandatarios, al menos eso era conocido desde antes de la aplicación del TPC:
"Los impactos principales de la TPC tendrán un mejor acceso de los EE. UU. al mercado panameño y un aumento en las exportaciones de EE. UU. a Panamá. Sin embargo, el impacto general del TPC de los EE. UU.-Panamá en la economía de los EE. UU. probablemente sea pequeño debido al ínfimo tamaño del mercado panameño en relación con el comercio y la producción totales de EE. UU." (United States International Trade Commision, 2007)  
Entonces, ¿cómo y quienes están sacando ventaja en este intercambio asimétrico comercial? Las sospechas de quienes, y cómo, se discutieron previo a la firma del TPC en el Congreso norteamericano; y como suele suceder, el cerco informativo protegió a los panameños del conocimiento de la verdad, hasta que esas sospechas fueron luego confirmadas en las explosivas revelaciones expuestas al mundo por el polémico caso conocido como 'Panama Papers': para la evasión de impuestos, contrabando, y el blanqueo de capital, actividades propias de agentes económicos de alto perfil y de funcionarios de gobiernos corruptos.

Analistas internacionales (Forbes, Peter Institute for International Economics, Wall Street Journal) informaron a principio del año de que pesar de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite a los países imponer restricciones cuando hay amenazas exigentes a la seguridad nacional, de Trump desencadenar la excusa de sancionar a China plantearía una amenaza fundamental para el sistema de comercio basado en reglas. Los países rara vez han usado ese tipo de excusas, y por buenas razones. Bajo la OMC, otros países tienen también el derecho de impugnar legalmente las políticas de los Estados Unidos a través de un proceso formal de disputas.
"Supongamos que un país impugnara una acción de seguridad nacional realizada por Trump sobre las importaciones: Un posible escenario pudiera ser tener al país socio ganando el caso legal. (Algunos análisis muestran que EE. UU. gana alrededor del 90% de las disputas cuando es el denunciante, pero pierde aproximadamente el mismo porcentaje cuando se le reclama.) Pero las consecuencias políticas y económicas globales podrían ser devastadoras. Trump podría reaccionar ignorando el fallo legal o usarlo como motivación política para sacar a los Estados Unidos de la OMC. Otro escenario podría ser tener al país socio perdiendo. Esta decisión sería igualmente problemática, ya que abre la puerta para que todos los demás países impongan sus propias protecciones de seguridad nacional. Beijing podría decidir aplicar aranceles sobre los $14 mil millones de las importaciones de soja cultivada en Estados Unidos que de repente descubre que son una "amenaza" para la seguridad de China." (THE WASHINGTON POST, Monkey Cage (Analysis), por Chad Brown, Marzo 2018)
Y esto último desde hace un mes ¡ya está sucediendo! Volviendo a Panamá, sobre nuestro país la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en 2017 publicó:
"El comercio bilateral de bienes de los Estados Unidos con Panamá fue de $6,600 millones en 2016, con exportaciones de bienes de los Estados Unidos a Panamá por un total de $6,100 millones. Bajo el TPA, los aranceles sobre el 86 por ciento de las exportaciones de bienes de consumo e industriales de los Estados Unidos a Panamá (sobre la base de los flujos comerciales de 2011) se eliminaron al entrar en vigencia, y las tarifas restantes se eliminaron en 10 años. Además, casi la mitad de las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos quedaron libres de impuestos, y la mayoría de los aranceles restantes se eliminarán en 15 años. Los aranceles sobre algunos de los productos agrícolas más sensibles se eliminarán en 18 a 20 años. Luego de la primera reducción arancelaria bajo el TPA el 31 de octubre de 2012, las reducciones arancelarias subsecuentes ocurren el 1 de enero de cada año; la sexta ronda de reducciones arancelarias se realizó el 1 de enero de 2017. El TPA también ofrece un nuevo acceso al mercado de servicios estimado en más de $36,000 millones de Panamá (datos de 2015, más recientes disponibles) e incluye disciplinas relacionadas con la administración de aduanas y la facilitación del comercio, barreras técnicas alcomercio, compras gubernamentales, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos de propiedad intelectual y protección laboral y ambiental. A partir de 2015, el comercio de servicios de Estados Unidos con Panamá incluyó $1.6 mil millones en exportaciones y $1.3 mil millones en importaciones." (2017 Trade Policy Agenda and 2016 Annual Report)
Viendo ahora el reporte de este año 2018 emitido por la misma Oficina, con cifras actualizadas que son aún más escandalosas, consideramos que dadas las circunstancias aquí descritas, es momento para Panamá buscar una salida a este atolladero que representa el TPC, que a toda luces perjudica a la mayoría de la población panameña, demostrando la invalidez de este y otros acuerdos similares, por promocionarle al imperio beneficios asimétricos e injerencistas.

lunes, 10 de septiembre de 2018

Sicarios de la OMC asesinaron a Lee Kyung Hae


Video análisis hecho por "ABEL1840" (youtube username) donde demuestra con toda claridad que el campesino coreano no se suicidó como dicen todos los medios, sino que en vez fue asesinado aquél 10 de septiembre de 2003, en Cancún, Mexico, durante las protestas contra los Tratados de Libre Comercio y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde esa fatídica fecha, hasta otro aniversario hoy 15 años después, cientos de miles de campesinos alrededor del mundo han muerto víctimas de las políticas oligopólicas perpetradas por esa organización terrorista.

Soberanía Alimentaria, YA!

sábado, 8 de septiembre de 2018

lunes, 13 de agosto de 2018

No a la infiltración de Plutócratas en la reestructuración del sector agropecuario

Frente 'Unidos por el Agro'
El 16 de agosto de 2018 será la reunión entre representantes de los productores alimentarios y el Presidente de la República. Así lo ha prometido el mandatario. La crisis e inestabilidad del sector es a tal punto, que aun poniéndoles plata adelantada para invertir en él, no la tomarían. El nivel de frustración de ganaderos y agricultores se debe a la impotencia de sus esfuerzos ante un gobierno que se ha dado a la tarea de favorecer a un grupo de empresarios influyentes, al intervenir el mercado con la firma de TLC’s y sus cláusulas perjudiciales, otorgando permisos de importación de principales rubros de cultivo local en pleno período de cosecha, y demás asuntos ventilados en noticiarios y redes.

Sin embargo existen amenazas de que el Ejecutivo, utilizando los medios de propaganda masiva, intentará boicotear el movimiento reformista al pretender confundir a la población de que la prioridad a resolver se simplifica en solo 2 puntos, carne y leche. El frente Unidos por el Agro, que apela al rescate del sector, plantea para ello establecer una política de estado incluyente y sostenible, abarcando no dos, sino todos los rubros agropecuarios.

Nos preocupa que la intención del equipo de gobierno logre su cometido y se permee dentro del gremio de productores dejando de lado el propósito primordial de lucha que los llevó a este estado catatónico en que hoy se encuentra. Por ello, reconoceremos algunas de la muchas formas de ver cómo la corporaciones, transnacionales y el poder a través de funcionarios de turno, se logran imponer en las demandas populares.

10 huellas para reconocer la imposición de la élite empresarial en el resultado del paquete de propuestas de rescate:

  1. Que no se tome en cuenta a los campesinos pobres, a la mujer campesina. En el sector rural son mas de la mitad de los habitantes, sin contar a los que han migrado a la ciudad producto del desplazamiento por acaparamiento o expropiación de tierras (gentrificación), y que suman ya mas del 14% de la población urbana; aquí, incluso llegan a formar parte de los llamados indigentes. Peor aún en las comarcas, donde los campesinos pobres con menos de $1 al día rondan el 90%. Estos últimos, sobre todo, deben estar presentes para ser escuchados como nunca lo han sido. No todos entran en la llamada agricultura familiar, porque muchos pertenecen a familias disfuncionales, o no tienen familia, practicando sembrados de subsistencia. La mujer, oscurecida en toda sociedad de predominancia patriarcal, debe obtener su emancipación para estabilidad de la tierra, el capital, la familia campesina y del esto de la sociedad.
  2. Que no se tome en cuenta a los garantes de la conservación de la naturaleza, a los custodios de semillas nativas y de sabidurías ancestrales. Es crucial la representación de los campesinos comarcales, o etnias originarias del istmo para hacer valer sus demandas. Ellos por milenios son los verdaderos ambientalistas y deben ser reconocibles en las mesas de discusión. La representación de las etnias comarcales debe ser visible en las negociaciones.
  3. Que no se tome en cuenta a los pescadores artesanales. La pesca está considerada como una actividad pecuaria practicada en aguas continentales, marítimas, ríos o lagos y estanques desde hace miles de años. Su representación debe ser plenamente visible entre los negociadores. Cooperativas de pescadores panameños y pescadores independientes han sido por décadas olvidados por las políticas agresivas de los codiciosos extractivistas. La contaminación de residuos tóxicos a suelos y acuíferos que vierten a lagos y ríos, culminan también en mares
    generando hipóxia o falta de oxígeno del agua en todas sus etapas, acabando con poblaciones enteras de especies de agua dulce y desplazando las de agua salada a zonas mas profundas. Como resultado de las actuaciones de terceros, los pescadores enfrentan pérdidas que no son asumidas por los responsables teniendo que buscar su sustento a zonas lejanas. Los mares panameños llevan años de estar siendo concesionados para la explotación de barcos provenientes del continente asiático. Hoy en medio de las negociaciones históricas a puerta cerrada para la firma del TLC con el imperio Chino y la coincidencia en tiempo de la histórica revisión del mar territorial panameño, la supervivencia de la fauna marina de nuestras costas no puede estar en mayor estado de alerta.
  4. Que persistan políticas en favor del oligopolio de semillas. Solo 3 firmas transnacionales poseen la patente del 50% de las semillas del mundo, entre ellas BAYER. Las instituciones panameñas operan con el presupuesto del pueblo al servicio de esas corporaciones para garantizarles los derechos de autor. Las instituciones bancarias, privadas o públicas, cuando otorgan préstamos agropecuarios, lo hacen sólo si utilizan semillas certificadas bajo marcas registradas. Regulaciones aduaneras criminalizan el intercambio de semillas nativas bajo justificaciones cuarentenarias sin sustento científico. La privatización de híbridas y el fomento de la importación de transgénicas están erradicando las nativas celosamente conservadas por guardianes de semillas. Toda forma natural debe ser libre y debe garantizarse su preservación.
  5. Que se siga violando el Principio de Precaución. El director del Instituto Oncológico Nacional declaró hace unos meses que en Panamá, la alarmante proliferación del cáncer es “lógicamente provocada por la mala alimentación, por la contaminación ambiental, por el uso de pesticidas, y plaguicidas".
    En el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, Panamá siendo miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, debe adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible. Sin embargo distintas entidades gubernamentales están involucradas en la autorización para fabricar, importar, comercializar, suministrar y distribuir plaguicidas, aditivos alimentarios y medicamentos veterinarios en perjuicio de la inocuidad de alimentos de todos los habitantes a nivel nacional, y se sigue fomentando académicamente las bondades de su utilización.
  6. Que siga la privatización de la educación e investigación agropecuaria. La sentencia contra BAYER (Monsanto) por casi $300 millones de esta semana, es solo una confirmación mas de que su modelo de negocios está relacionado con la manipulación de la ciencia. El juez reconoció que contratan a científicos para proyectar informes de que sus productos son inofensivos. No están
    interesados ​​en la verdad de sus productos, solo en ganar dinero. La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) ha sustentado esos informes privados sobre plaguicidas por medio de sus reglamentaciones ("efecto de financiación", que se refiere a cuando es más probable que un estudio científico esté a favor del patrocinador del estudio). Con este fallo histórico se crea conciencia sobre el papel de las agencias reguladoras gubernamentales de los países, y que en Panamá recae en el MIDA, el MINSA y en MiAmbiente. A la gente le gusta confiar que las agencias reguladoras realmente procuran nuestro mejor bienestar en el fondo, pero al final son agencias políticas y están dirigidas por personas designadas por razones políticas. La reciente propuesta oportunista y politiquera de una diputada fomentando el desmantelamiento del patrimonio de Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, junto con la venta irregular del Centro Experimental de Río Hato al proyecto de Buenaventura, la disposición a empresarios del Centro de Investigaciones de Tocumen bajo investigación, las intenciones de disponer de la finca de Chiriquí que derivaron en protestas, y ante la negativa reiterada del Presidente de compensar académicamente a los universitarios afectados al rechazar la adquisición y construcción de nuevas instalaciones, persisten en hacer de la educación e investigación alimentaria un negocio, poniendo en riesgo la salud de todos.
  7. Que no se discuta la sujeción al CODEX ALIMENTARIUS. Empresas como BAYER consolidaron su poder al legalizar la globalización de sus actividades por medio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), a través de la confección de reglamentos recogidos en un solo compendio mundial que indica los parámetros establecidos por ellos como inofensivos en dosis de residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios y aditivos en nuestros alimentos. En pocas palabras unos políticos que no conocemos ubicados a miles de kilómetros decidieron por nosotros cuanto contaminante tenemos permitido comer. Así, es con el CODEX ALIMENTARIUS que se legaliza la dosificación de veneno en nuestra comida y en la de nuestras crías.
  8. Que no se discuta eliminar la burocratización regulatoria sobre cultivos saludables. El
    productor que no está influenciado por la élite empresarial que solo vela por la rentabilidad sobre la salud de las personas, no contempla al ser humano como lo que es, sino como simples consumidores. Por ello es imperante para las grandes corporaciones agrícolas el justificar su rentabilidad produciendo masivamente a costa de insumos industriales que generan residuos en los alimentos. Lo irónico es que, en vez, se exige el etiquetado y certificación orgánica a cultivos agroecológicos que procuran el bien común, en vez de pasarle esa carga punitiva a los que solo producen industrialmente de forma agresiva.
  9. Que no se discuta el etiquetado de productos nocivos. Se debe etiquetar advirtiendo a la población acerca de productos que contengan tóxicos o elaborados con prácticas industriales que utilizaron contaminantes, medicamentos, o aditivos en cualquiera de sus procesos, y que no siga ocurriendo al revés, que el peso lo cargue el de buenas prácticas de producción.
  10. Que se promueva la privatización de la naturaleza y privatización de las construcciones públicas. Es importante recordar que los actos de corrupción mas importantes del gobierno involucran la privatización de bienes estatales como los Puertos de Balboa y Cristóbal, privatizaciones de ríos y aguas para generación y transmisión eléctricas. Es importante la construcción de un puerto o terminal agrícola marítimo o fluvial, 100% estatal, sabiendo que las entidades mixtas público privadas, que no sean para legítimas cooperativas del sector, siempre serán para garantizar una posición exclusiva de una minúscula élite empresarial. Como está ocurriendo en otras latitudes, debe liberarse a los ríos de los dañinos embalses, generadores de gases de efecto invernadero, reestructurar la política energética y renacionalizar las empresas privatizadas sin sobrecostos.
Es muy probable que la recuperación del sector agropecuario volcando la nutrición en beneficio de la población en general no se logre negociando en una mesa de diálogo cuando los gobernantes funcionen en representación de grupos de poder. Solo eso se logrará democráticamente si el pueblo se une: pobres, campesinos, pequeños productores, pobladores comarcales, trabajadores, profesionales e independientes que quieren un verdadero bienestar en común para una sociedad mas justa y convertir a este país en la potencia soberana que se merece, libre del sometimiento extractivista para beneficios en el extranjero, que en su histórico lamentar por el saqueo de sus riquezas, los plutócratas dejan tras de sí sus tierras devastadas, y sus seres desplazados por la desidia.

A los representantes de los productores mantengan el ánimo, procuren la unidad de todos los que se representan dentro del sector, y fuerza de todos con las bases, no dejen que los tiranos sigan imponiendo sus históricas huellas en este sector tan sufrido.

jueves, 9 de agosto de 2018

La soberanía comienza por las semillas

Uno de los retos más importantes de la Revolución Bolivariana es la construcción de un modelo de producción agrícola que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria -hoy en día más que nunca bajo ataque– y que al mismo tiempo se posicione como alternativa al sistema destructivo y depredador capitalista del agronegocio. Se trata de un proceso ambicioso, pero que ya cuenta con una multiplicidad de experiencias que vienen trabajando en esa dirección, a lo largo y ancho del país. Al Estado toca garantizar unas políticas públicas permanentes que permitan multiplicar estas experiencias, fortalecerlas y ampliar su alcance.
Para una agricultura diversa y "Cero Divisas"

“La posibilidad de construir un modelo alimentario distinto, que sea diverso y soberano, parte de una agricultura ’Cero Divisas’. En Venezuela tenemos una alta dependencia de las importaciones de todos los elementos que constituyen la cadena de producción del agronegocio: desde la semilla, los insumos, las tecnologías. Es la cadena de producción industrializada, de los alimentos al centro del “bachaqueo”, el acaparamiento y la especulación, a pesar de que esas redes de procesamiento agroindustrial sean las que históricamente han tenido más beneficios y subsidios por parte del Estado. Hay que entender que el agronegocio en Venezuela se ha configurado desde la apropiación de la renta petrolera y el patrimonio público por parte de unas pocas familias, y si queremos construir otro modelo hay que transformar todos los elementos de la cadena, desde la semilla hasta el consumo” nos explica Ana Felicien, integrante de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos y de la organización Semillas del Pueblo.

En dirección de ese cambio, ha habido esfuerzos tanto de las instituciones como del pueblo organizado. Uno de los logros más importantes ha sido la Ley de Semillas (2015), fruto de tres años de un proceso de debate popular constituyente. En ella se promueve una visión agroecológica, valorizando la semilla indígena, afrodescendiente, campesina y local. Antitransgénica, antipatente y antiprivatizadora, la Ley de Semillas además respeta el mandato constitucional según el cual el genoma de los seres vivos no puede ser privatizado en Venezuela y prohíbe la importación, la producción y la siembra de semillas transgénicas en el País.

Actualmente, cuenta Ana Felicien, “hay esfuerzos muy importantes por parte del pueblo organizado, en la producción y mejoramiento de variedades de semillas autóctonas, que puedan recuperar la diversidad de nuestro patrimonio genético y disminuir la dependencia de las importaciones: es el caso de la semilla de maíz, de papa y de algunos rubros de hortalizas también”.

Mejorar nuestra propia semilla, para mejorar la producción

“Para mejorar la producción de alimentos hay que empezar por la producción de semillas. Ya existe un apoyo en esa dirección por parte del Estado, pero tiene que ser más intenso y eficaz. Depender de las semillas importadas, además de limitar la producción es incompatible desde lo político” afirma el agricultor Pablo Characo, productor de maíz de la comunidad de Guanape (estado Anzoátegui) e integrante de una red nacional de productores de semillas.

“En la comunidad venimos trabajando la producción y el mejoramiento de las semillas – en particular de maíz - desde hace unos 10 años, teniendo logros muy positivos. Empezamos a producir nuestra propia semilla por múltiples razones, pero en primer lugar por necesidad: porque las semillas que conseguíamos en el mercado no eran de calidad, o llegaban cuando las épocas de lluvia ya habían pasado. También nos afectaba desde el punto de vista económico, ya que para la mayoría de nosotros es difícil comprar esas semillas importadas, debido a su costo. Pero el sólo hecho, además de que una semilla venga del exterior, al llegar al país pierde la garantía de que se pueda tener buen rendimiento: en eso influye el cambio de clima, junto con otros factores” explica Characo.

El proceso de mejoramiento de la semilla de maíz criollo autóctono (como ha sido llamado por sus productores) trajo muchas ventajas para la comunidad de Guanape. “Nos dimos cuenta que la semilla que nosotros producimos es mejor que la semilla que venden en el mercado. En primer lugar, porque al no tener que comprarla, bajamos los costos de producción. Eso se ha convertido en ganancia para nosotros y hemos mejorado nuestra calidad de vida”, cuenta Pablo Characo.

“Pero además de lo económico, para el mejoramiento de las semillas hemos tomado en consideración muchos otros aspectos: las condiciones climáticas, lo social, lo político, lo cultural. Por ejemplo, ya que en Guanape las lluvias son escasas, la semilla que hemos mejorado está adaptada a este tipo de clima: no requiere una cantidad de agua tan intensa y es resistente a la sequía. En otro aspecto, nosotros además de dedicarnos a la agricultura, también criamos animales (ovejas, cerdos, vacas y gallinas) y esta semilla, siendo rica en proteínas y con un alto concentrado de almidón, nos sirve también para alimentar a nuestros rebaños. Hemos comprobado que, a través de ese alimento, los animales aumentan en peso y en producción de leche. El mismo maíz que nace de esta semilla pesa más, siendo más ventajoso al momento de la venta”, relata.

“La semilla que hemos mejorado, además, no requiere de un paquete de agroquímicos para la producción, porque le hemos dado también un enfoque hacia la agroecología: utilizamos humus de lombriz y materia orgánica como fertilizantes, así como biocontroladores (unos productos agroecológicos) para el control de plagas. Sólo hemos utilizado, en pequeña escala, un producto agroquímico para el control de maleza: pero estamos buscando la forma de eliminar eso también, para producir alimentos totalmente sanos, mantener la calidad de nuestros suelos y preservar el medio ambiente. Porque sabemos que los agroquímicos que se utilizan para la agricultura contaminan los ríos y el agua y de consecuencia desmejoran también nuestra calidad de vida”, asegura Pablo Characo, acotando que esta semana estarán apoyando a otras comunidades en Guasdualito (estado Apure).

Rescatar la diversidad y el conocimiento

Del otro lado del país, en unas comunidades campesinas del páramo andino, se viene trabajando el rescate de rubros autóctonos, como las papas nativas, la cuiba, la ruba, entre otros. “Nuestro objetivo ha sido rescatar tanto la diversidad de semillas de los rubros de origen andino, como también los sistemas de conocimiento asociados al manejo de esas semillas” nos explica Liccia Romero, profesora de la Universidad de los Andes (ULA) y de la Universidad Politécnica Territorial “Kleiber Ramírez”, además de ser parte de un pequeño equipo de investigación que desde hace dieciocho años trabaja junto a la comunidad merideña de Gavidia.

“La producción de la papa en el sistema comercial tiene una alta dependencia de la compra de semilla, que requiere se esté renovando periódicamente para superar la degeneración del tubérculo-semilla. Sin embargo, las comunidades campesinas parameñas manejan un sistema de conocimiento y un material que le permiten un refrescamiento en el largo plazo de esa semilla, y no tienen esa dependencia. Entonces tanto lo material – la semilla en su diversidad – como los conocimientos son un conjunto clave para repensar otro modelo productivo, que no dependa del esquema comercial, de la certificación de la semilla y de altos costos de producción. Es necesario el reconocimiento de esta opción por parte de las políticas públicas, las cuales siguen atadas a la certificación”, explica.

“Hay que reconocer a la semilla campesina en toda su diversidad y su potencial”, afirma Liccia Romero, “la diversidad de semillas que tienen estas comunidades posibilita múltiples productos y múltiples procesos por cosecha, incluyendo el almacenado a largo plazo (de ahí el nombre de “papa de año”), lo cual es fundamental para el tema de la soberanía y seguridad alimentaria. Además, se trata de tubérculos que permiten adoptar con mucha facilidad un modelo agroecológico y sustentable: no requieren el uso de agroquímicos ni para mantener la semilla, ni para que prospere un buen cultivo. Se trata de un material que ha sido seleccionado por su capacidad y resistencia, sea a enfermedades, plagas o a condiciones ambientales adversas. En este contexto de incertidumbre climática son muy apropiados.”

“Por el momento tenemos un proceso de ensemillamiento dentro del espacio comunitario de Gavidia. Empezamos con tres familias, y ahora ya son veinticinco las que ya tienen semillas y las están reproduciendo. Fuera del espacio de Gavidia, hay diecisiete agricultores más que han recibido esa semilla y la están multiplicando. Sin embargo, se trata de un universo muy pequeño, el grueso de las familias agricultoras sigue dependiendo de la semilla comercial, que requiere altos insumos químicos, fertilización en grandes cantidades, grandes cantidades de agua para riego: una agricultura bastante dispendiosa", comentó Romero.

Para que estas experiencias puedan tener un mayor alcance, tienen que haber una política pública con programas específicos orientados en esta dirección, subraya Liccia Romero. El Estado debe reconocer la semilla campesina en toda su diversidad y potencial, estableciendo políticas de estímulo para esta opción de cultivo: “por ejemplo, organismos de financiamiento como FONDAS [1] pudieran abrir programas específicos para entregar esta semilla con procesos de financiamiento y transferencia de conocimiento”, sugiere. “Lo que requieren básicamente estos cultivos es buena fertilización orgánica, suelo bien aireado y un cierto manejo que puede ser fácilmente transmisible. Nuestro equipo suele organizar talleres para enseñar estas prácticas a otras familias agricultoras, quienes rápidamente la aprenden y la pueden practicar. Pero nuestro alcance es limitado porque somos un equipo pequeño.”

Una política pública orientada en esta dirección también debería fortalecer y acelerar los procesos de investigación, según Liccia Romero: “por ejemplo uno de los desafíos que tenemos actualmente es cómo bajar este tipo de papa para que se produzca a altitudes inferiores, ya que por el momento ha sido trabajada en Gavidia, que es un páramo de gran altitud”.

Estas políticas públicas deberían también impulsar un mercado de mayor amplitud para las variedades de papa nativa cuyo cultivo por ahora es sobre todo para el autoconsumo: “no se produce en mayores cantidades porque es de difícil comercialización, ya que la mayoría de la gente no la conoce y está acostumbrada a consumir la papa comercial. Sin embargo, los mismos productores de la papa comercial prefieren comprar la papa nativa para su consumo: más sabrosa y más sana. En muchísimos casos de hecho, no consumen la papa que producen porque saben las cantidades inmensas de agrotóxicos que utilizan” dice Liccia Romero. “Los otros tubérculos de origen andino, como la cuiba y la ruba son aún más marginados, pero tienen un potencial muy grande en cuanto a producción bajo un manejo agroecológico, así como por la diversidad de productos procesados que se pueden tener. Son productos nuestros, que tributan a nuestra identidad andina y venezolana”, acotó.

Notas:

[1] Fondo para el Desarrollo Agrícola Socialista, ente público adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Activado en 2009 para beneficiar mediante la actividad productiva y crediticia del Estado venezolano a los pequeñas y medianas unidades de producción, para impulsar una mejor calidad de vida comunitaria.

IA/AlbaTV/2017

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

Consulta Latino Americana y el Caribe de OSC sobre la implementación de los derechos de los agricultores a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

Introducción                              

Los 40 participantes representantes de organizaciones campesinas, indigenas, de mujeres y de pastores de la Consulta Regional de America Latina y Caribe sobre la Implementacion de los Derechos del Agricultor provenientes de 13 países de América Latina y el Caribe, reunidos en Seberí, Río Grande do Sul, Brasil entre los días 17 y 20 de abril de 2018 celebramos la oportunidad de encontrarnos para seguir tejiendo alianzas, vínculos e intercambios fortaleciendo nuestro compromiso con la defensa de las semillas para la Soberanía Alimentaria.

En estos 4 días compartidos corroboramos una vez más el papel fundamental de los pueblos de America Latina y el Caribe siendo centro de origen en biodiversidad y cultura, que desde aquí han surgido buena parte de las semillas que hoy alimentan a la humanidad. El maíz, sagrado para los pueblos de Mesoamérica, el tomate y la papa son solo algunos de los cultivos que nuestros pueblos originarios criaron, domesticaron y legaron a los pueblos del mundo para su alimentación.

Nos resulta claro que esta biodiversidad agrícola de ninguna manera se hubiera generado sin la inmensa diversidad cultural que desde Alaska a Tierra del Fuego se generó por miles de años y hoy sigue viva en la resistencia de los pueblos originarios que a pesar de llevar más de 500 años de genocidio, despojo y persecución alumbran llamas de esperanza para el futuro de todos los pueblos del mundo.

Sin embargo, en la actualidad la imposición de sistemas industriales de producción agrícola, los proyectos extractivistas, la imposición de megaproyectos de infraestructura y la criminalización de los pueblos originarios está amenazando la continuidad de la posibilidad de subsitir en sus territorios a la mayor parte de los pueblos del continente y está devastando la biodiversidad en todas las regiones. De esta manera no solo se ven amenazados nuestros pueblos si no también el clima, la posibilidad de alimentación de toda la humanidad y todos los equilibrios que hacen, como todos los diagnósticos lo indican, que se encuentre amenazada la vida en el planeta tal como la hemos concocido hasta ahora.

Nuestras luchas se han visto alumbradas en los últimos años por la irrupción de la presencia de las mujeres en todos los espacios de construcción social cuestionando la violencia y el sistema patriarcal presente en todas las esferas de nuestra vida. Todas y todos hacemos nuestros estos cuestionamientos y de la mano de la construcción de otro tipo de vínculos proponemos que transformemos nuestros vínculos familiares, comunitarios y regionales e internacionales hacia relaciones de equidad, respeto y cooperación. En ese sentido y viendo la necesidad de que estos cambios también se reflejen en el lenguaje es que proponemos y utilizamos en todo el documento la expresión “agricultoras y agricultores” en lugar de “agricultor”.

Es importante destacar que cuando hablamos de “pueblos” en este documento nos referimos a los pueblos originarios, indigenas, campesinas y campesinos, comunidades afrodescendientes, pescadoras y pescadores artesanales, recolectoras y recolectores, pastoras y pastores, mujeres y a todas las comunidades locales que desde su trabajo producen alimentos y aportan al sostenimiento de la diversidad agrícola.

También queremos remarcar que durante las últimas dos décadas América Latina a aportado a una nueva visión en relación a la naturaleza construyendo un nuevo paradigma en torno a la misma que implica reconocerla como sujeto de derecho. En torno a este nuevo concepto se han desarrollado principios, legislación (incluso a nivel constitucional como en el caso de Ecuador) y luchas que hoy aportan a nuevas visiones en todo el mundo. Siendo las semillas parte de la naturaleza y sabiendo que los seres humanos tambien son partes de ella, entendemos estas mismas como sujetos de derecho y nos comprometemos a defenderlas como tales.

Igualmente reiteramos nuestro rechazo a la utilización en toda circunstancia de las Tecnologías de Restricción en el uso Genético (semillas “Terminator”) que se encuentran en moratoria por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y llamamos a su prohibición definitva.

Exigir que los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras reconozcan, protejan y fomentan la pratica agroecologica de alimentos bajo sistemas de produccion familiar y de los Pueblos y que esto signifique que los Estados deben propender para que no se imponga un unico modelo de produccion y comercializacion sino que se abra la posibilidad a que los agricultores puedan comercializar sus semillas bajo condiciones de mercados locales.

Por último, reiteramos que nuestro compromiso en defensa de las semillas se enmarca en la búsqueda de la Soberanía Alimentaria a travez de la agroecologia, convencidos que los pueblos podemos alimentar a toda la humanidad (como ya lo hacemos con la mayor parte de ella) terminando con el vergonzoso flagelo del hambre y continuando, como lo hemos hecho por miles de años, con una producción en armonía con la naturaleza.

Principios fundamentales

La Consulta Regional de America Latina y el Caribe sobre la Implementacion de los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras (en adelante denominada “Consulta”) reconoce las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y como Derechos Colectivos. Por lo tanto, expresa que las mismas no pueden ser objeto de ningun tipo de propriedad intelectual (sean derechos de obtentor o patentes).

Considerando que las mujeres han sido y son centrales en la creación de la biodiversidad agricola, la Consulta propone que su papel sea reconocido en todas las instancias participativas y de toma de decisiones y, por lo tanto, la Consulta invita a los Gobiernos a incluir la cuestion de genero en el momento de la implementacion del Articulo 9 del TIRFAA en sus procesos nacionales.

Otro principio es el reconocimiento de la cosmovision de los Pueblos sobre las semillas como sujeto de derecho y en el marco de los derechos de la naturaleza, debiéndose respetar su territorialidad y el control de sus territorios y sus biodiversidad.

Otro principio básico para la Consulta es la necesidad del Consentimiento Libre, Previo e Informado[1] (CLPI), ante cualquier iniciativa que pueda afectar la biodiversidad agrícola, los conocimientos, la autonomía y los territorios de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Se aclara que el CLPI es un derecho que debe ser ejercido de manera legítima, trasparente, efectiva, que respete las prácticas locales y que incluya la posibilidad de que el resultado sea la negación a iniciativas externas.

Ninguna medida gubernamental debe limitar las formas propias de organización y el derecho de los agricultores y de las agricultoras a rescatar, proteger, multiplicar, mejorar, seleccionar, conservar, utilizar, intercambiar y vender (entre Pueblos y sus organizaciones) sus propias semillas.

Los sistemas tradicionales y ancestrales de manejo de semillas nativas y criollas no deben considerarse como “sistemas informales”, sino que son un derecho consuetudinario y siendo los principales sistemas de creaccion de biodiversidad agricola.

Dado que la FAO afirma que el 75% de la biodiversidad agrícola se ha perdido en los últimos 60 años a causa de la agricultura industrial, la Consulta plantea el rechazo a la agricultura industrial que incluye las semillas transgénicas y el uso masivo de agrotóxicos. También rechazamos las nuevas técnicas de manipulacion genética propuestas por las corporaciones, que incluyen los nuevos transgénicos, la biología sintética, la edición genética (CRISP-R), semillas “terminators” y la desmaterialización genética de las semillas, porque representan una amenaza para la aplicacion de los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras y no cumplen con el uso sostenible del Articulo 6 del TIRFAA.

La Consulta considera muy importante para la implementación de los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras, el apoyo del Tratado a la aprobación de la Declaracion de los Derechos Campesinos y otras Personas que Trabajan en el Campo y en Zonas Rurales que se tratará en las Naciones Unidas pŕoximamente.


Propuesta

1.Variedades de semillas. Se demanda el reconocimiento que todas las semillas que se utilizan tienen origen en las semillas nativas y criollas con las que los Pueblos coevolucionaron en los ultimos 10 mil años aproximadamente. Las variedades comerciales, industriales y uniformes que existen también provienen de las semillas nativas y criollas.

2. Derechos de propiedad intelectual. Para implementar los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras a rescatar, proteger, multiplicar, mejorar, seleccionar, conservar, utilizar, intercambiar y vender (entre Pueblos y sus organizaciones) sus proprias semillas, los Gobiernos deben revisar y actualizar las leyes de semillas, patentes y otros sistemas de propiedad intelectual.

a. Replantear la manera como se han otorgados los derechos de propriedad intelectual sobre las variedades comerciales de acuerdo con lo planteado en el punto 1.

3. Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras. Se exige reconocer el papel del agricultor como sujeto de derecho en los estados nacionales y sus aportes al desarrollo, al mantenimiento de la biodiversidad agrícola y la soberania alimentaria de los pueblos.

a. Las organizaciones campesinas e indigenas deben participar en la construcción de leyes sobre los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras.

b. No debe haber límites territoriales y temporales en el ejercicio de los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras.

c. No se puede criminalizar a los agricultores por el ejercicio de los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras.

d. El Tratado debe establecer un mecanismo de monitoreo sobre la implementación de los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras compuesto por las organizaciones de agricultores.

e. La contaminacion genética de las semillas nativas y criollas por transgénicos y nuevas tecnologias, es una amenaza que debe ser reconocida por el Tratado y sancionada por los Estados.

i. En caso de concretarse estas amenazas, se garantiza la reparacion a las comunidades a travez del CPLI.

f. Los Estados deben reconocer y respectar los conocimientos ancestrales de los Pueblos y no aplicar ninguna politica en detrimento de los mismos.

 4. Inventarios. Las semillas nativas y criollas no deben ser incluidas en los registros de los Gobiernos u otros, sino solamente serán incluidas en los inventarios de las comunidades de acuerdo a las necesidades de las mismas y controladas por ellas, para:

a. la protección frente a la biopiratería y apropriacion indebida;

b. la conservación y el rescate para garantizar los sistemas tradicionales y ancestrales del manejo de semillas;

c. las informaciones de las investigaciones que se hagan o que se han hecho, sean devueltas a las comunidades y solo pueden ser utilizadas por las mismas.

El inventario de la comunidad debe ser reconocido por el Estado como parte del derecho a la autodeterminación.

5. Fondo de distribución de beneficios. El fondo debe ser alimentado por los aportes de las empresas que comercializan las semillas comerciales, industriales y uniformes.

a. El pago de las empresas debe ser obligatorio.

b. Para garantizar la implementacion de los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras, es necesaria la participacion de las organizaciones campesinas e indigenas en el manejo del fondo.

c. El destino del fondo debe ser dirigido únicamente a las organizaciones de agricultores para fortalecer sus propios programas de conservación y multiplicación de la biodiversidad agrícola (por ejemplo: casas de semillas, fitomejoramieto participativo, caracterización, ferias de semillas, emergencias, practicas agroecologicas, diversificacion de finca, etc.).

 6. Normas fitosanitarias. Las normas fitosanitarias no deben afectar el ejercicio de los Derechos de los Agricultores y de las Agricultoras.

a. Reconocer los sistemas locales participativos de garantía de calidad y otras formas de las comunidades.

7. Participación. La Consulta exige a los Gobiernos a ser transparentes en las informaciones y a crear espacios participativos para el CLPI con las organizaciones de agricultores y agricultoras en la discusión y tomas de decisiones de políticas sobre semillas.

[1]    Ya reconocido por otros Tratados internacionales como el articulo 8j. del Convenio sobre Diversidad Biológica, Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

Fuente: Food Sovereignty