martes, 19 de mayo de 2020

¡Ayudemos a detener el lanzamiento de la red 5G!

El Gobierno Panameño ha planificado que la nueva red móvil 5G se implemente en Panamá a partir del año 2020, sin ser probada su repercusión en humanos, animales ni la naturaleza.


Demanda contra el Estado Panameño para detener la red 5G
Ayudemos a presentar una orden judicial de emergencia contra el Estado Panameño para detener el lanzamiento de la red 5G. Somos de la opinión de que el lanzamiento de la red 5G por el Estado Panameño es ilegal, ya que al hacerlo no lo hace protegiendo a sus ciudadanos contra las consecuencias nocivas por la exposición a los campos electromagnéticos (EMF) producidos por la señal 5G.

No hay estudios sobre los riesgos de la tecnología 5G en Panamá
Hasta ahora, no se han realizado estudios confiables e independientes para examinar los riesgos potenciales a la salud por la exposición a frecuencias 5G en Panamá. El Ministerio de Salud (MINSA) no ha salido a confirmar lo contrario. Sin embargo, existen muchos intereses comerciales para lograr el lanzamiento de las redes 5G en Panamá sin una investigación exhaustiva sobre sus posibles consecuencias. La investigación científica independiente que se encuentra disponible muestra claramente que puede ocasionar un daño permanente.

Cientos de científicos de la EMF envían un llamamiento urgente
El Estado panameño ignora a  los cientos de científicos de decenas de países que han realizado investigaciones sobre los efectos nocivos por los campos electromagnéticos en humanos, animales y el medio ambiente, y que advierten sobre sus consecuencias nocivas. En el 'Llamamiento Científico EMF'  solicitan urgentemente a los Estados que garanticen una mejor protección de la salud pública contra la exposición a las EMF. Según estos científicos, las nuevas antenas a ser colocadas densamente en espacios públicos provocarán el aumento en riesgos a la salud, y una crisis global.


¡El lanzamiento de las redes 5G debe ser detenido!
Es de vital importancia que se detenga el lanzamiento de la red 5G. La tecnología 5G requerirá un enorme aumento de antenas; según se informa, un aumento de 5 a 10 veces mayor cantidad de antenas, ubicadas aproximadamente cada 100 metros. El aumento esperado de los niveles de radiación será en un factor de entre 10 a 100. Las antenas se colocarían densamente en vecindarios residenciales y centros urbanos. Las antenas utilizarán frecuencias mucho más altas y con características de señal pulsada más peligrosa. Esto tendrá un mayor efecto disruptivo en la fisiología humana, animal y de plantas.

¿Qué puedes hacer?
¡Unámonos con fuerza para armar y presentar esta importante demanda apelando al Principio de Precaución

martes, 28 de abril de 2020

lunes, 27 de abril de 2020

El sistema sanitario bipolar de Panamá


Técnicamente casi nadie conoce que las pruebas de laboratorio para el diagnóstico positivo de 'COVID19' solo analizan el conteo multiplicado de exosomas del tejido genético tomado como muestra de un paciente bajo sospecha, pudiendo con ello detectar la respuesta natural característica del sistema inmunológico ante distintos tipos de patologías [1], y aún así diagnosticarlo con el código 'COVID19 U07.2'.
[1]
Es más, las pruebas utilizadas en Panamá para diagnosticar el llamado 'COVID19' han sido calificadas por los científicos como ineficaces [2].
[2]
Ni siquiera, según ellos, el RT-PCR es la segunda mejor técnica de detección que existe para cualquiera de las patologías [3].
[3]
De hecho, desde febrero de este año se concluyó que la prueba recomendada para diagnosticar lo que se ha denominado como 'COVID19' sea la utilizada para detectar afecciones pulmonares producidas por exposición a radiación electromagnética [4].
[4]
Es por lo anterior, que deliberadamente la codificación clínica de mortalidad 'U07.2' [5] emitido por la OMS, y de carácter obligatorio por el MINSA, permite diagnosticar como 'COVID19' a pacientes cuyas 'pruebas de laboratorio no son concluyentes o no están disponibles', estando ésta categoría ('virus no identificado') entre las 'adecuadas para la codificación de la causa de muerte'.
[5]
El escenario se torna aún más preocupante, si luego de esta incertidumbre en las pruebas (que aún así son diagnosticadas bajo COVID19 con el código U07.2), se adiciona el agravante del fallecimiento de un paciente así diagnosticado. El MINSA, previendo estos casos, ha adoptado la Guía para cadáveres con sospecha de COVID19 [6], estableciendo que 'a los cadáveres de personas fallecidas con sospecha o para confirmación por COVID19' se proceda a 'no realizar autopsias o necropsias debido a la posibilidad de generación de aerosoles.'
[6]
De esta manera, se permite en el corto plazo, que sea la propia descomposición natural la que borre toda evidencia detectable en el momento de la muerte, y que pudiera servir como potencial prueba forense (técnica y legal) para desvirtuar lo diagnosticado oficialmente.

Mientras desconciertos sanitarios como éstos se desarrollan, es imperante que COMO MEDIDA CAUTELAR SE RESUELVA LA SUSPENSIÓN del artículo 1 de la Resolución de Consejo de Gabinete No. 11 de 2020 que declaró el Estado de Emergencia a un pueblo sometido al hambre, pues tal declaratoria no puede prohibir de manera genérica el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad, reunión y circulación contenidos en la Constitución,
característico de una declaratoria de Estado de Excepción.

viernes, 24 de abril de 2020

Hasta luego, Marco Gandásegui (hijo)


CSS: El Estado en Colusión

Una sola entidad, el Estado, es definida por el monopolio de la fuerza en ejercicio de la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio, de la misma forma que el territorio también se considera como una característica del Estado. El monopolio debe producirse a través de un proceso de legitimación, en la que una reivindicación se establece para legitimar el uso de la violencia por parte del Estado. Una condición necesaria para que una entidad se convierta en un Estado es que se conserve tal monopolio [1]. Algo es un 'Estado' en la medida en que su equipo administrativo mantiene exitósamente una demanda sobre el monopolio del uso legítimo de la fuerza en la ejecución de su orden. El Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia [2].

Un recorte de periódico
Por lo anterior, no existe forma alguna en que un agente monopolista distinto al Estado actúe sin la complicidad deliberada del Estado. El monopolista se vale de algún medio para impedir que vayan al mercado más productos que los suyos. Los medios de los que se puede valer pueden ir desde la violencia a una fuerte restricción de la demanda por parte de los consumidores, pasando por la imposición de barreras de entrada artificiales o de regulación. Estos últimos, tienen un carácter fiscal. El Estado puede reservarse de forma exclusiva algunas producciones u otorgar privilegios a ciertas empresas o mantener un régimen de concesión de licencias restrictivo o proteger patentes y derechos de autor esenciales para realizar la actividad.


Un mercado libre produce monopolios coercitivos [3]. Tal independencia de las fuerzas competitivas sólo puede lograrse mediante un acto de intervención gubernamental, en forma de regulaciones especiales, subsidios o franquicias [4]. Un monopolista puede "emplear la violencia" para crear o mantener un monopolio coercitivo. El propio Estado es un monopolio coercitivo [5]. Existe la posibilidad de que el gobierno fabrique monopolios coercitivos. Los reclamos de monopolio natural a menudo se usan como justificación para que el gobierno intervenga a fin de establecer un monopolio legal (monopolio gubernamental o monopolio otorgado por el gobierno) donde la competencia está prohibida, bajo el reclamo de que varias empresas que proporcionan un bien o servicio conlleva más costos colectivos para una economía que la que sería el caso si una sola empresa proporcionara un bien o servicio.


Un gobierno puede causar un monopolio coercitivo sin prohibir explícitamente la competencia sino simplemente otorgando privilegios, inmunidades o subsidios a una empresa e imponiendo requisitos costosos a todos los demás [6]. Más aún, con la ayuda del Estado, un segmento de la economía puede liberarse de los límites competitivos que prevalecen; esto ocurre cuando el Estado establece regulaciones que impongan cargas en empresas más pequeñas que intentan competir con un líder de la industria [7].

Cuando una entidad política, un formulador de políticas o una agencia reguladora es cooptada para servir los intereses comerciales, ideológicos o políticos de una circunscripción menor, como un área geográfica particular, industria, profesión o grupo ideológico, se corrompe, suscitando el fenómeno de captura regulatoria [8]. Cuando ocurre la captura regulatoria, se prioriza un interés especial sobre los intereses generales del público, lo que lleva a una pérdida neta para la sociedad. La probabilidad de captura regulatoria es un riesgo al que una agencia está expuesta por su propia naturaleza [9].

Una agencia reguladora debe estar protegida de la influencia externa tanto como sea posible. Alternativamente, pudiera ser mejor no crear una agencia determinada para que la agencia no sea víctima, en cuyo caso serviría a sus sujetos regulados en lugar de aquellos para quienes la agencia fue diseñada para proteger. Una agencia reguladora capturada es a menudo peor que cualquiera regulación, porque ejerce la autoridad del gobierno. Sin embargo, una mayor transparencia de la agencia puede mitigar los efectos de la captura. La evidencia reciente sugiere que, incluso en democracias maduras con altos niveles de transparencia y libertad de los medios, entornos regulatorios más extensos y complejos están asociados con niveles más altos de corrupción que incluye la captura regulatoria [10].
Circula por las redes

Las unidades gubernamentales más pequeñas son más fáciles de capturar para las industrias pequeñas y concentradas que las grandes, ocurriendo de forma proporcional, hasta lo opuesto, que industrias grandes y poderosas capturen gobiernos nacionales, dándose en ambos casos el fenómeno denominado brecha de distorsión [11].

La idea de la captura reguladora tiene una base económica: los intereses creados en una industria tienen el mayor interés financiero en la actividad reguladora de cualquier agente social y, por lo tanto, es más probable que se muevan para influir en el organismo regulador que los consumidores individuales relativamente dispersos, cada uno de los cuales tiene pocos incentivos particulares para tratar de influir en los reguladores [12]. La captura también se facilita en situaciones en las que los consumidores o los contribuyentes tienen una comprensión deficiente de los problemas subyacentes y las empresas disfrutan de una ventaja de conocimiento [13].

El fenómeno se extiende más allá de las agencias y organizaciones políticas. Las empresas tienen un incentivo para controlar cualquier cosa que tenga poder sobre ellas, incluidas las instituciones de los medios de comunicación, la academia y la cultura popular, dándose la "captura profunda" [14].

Este acuerdo entre dos o más partes (empresas, entidades de gobierno) para limitar la competencia, hecho de manera secreta o ilegal, engañando a otros sobre sus derechos legales, bien para alguna parte obtener un objetivo prohibido por la ley o bien para obtener una ventaja injusta en el mercado, se llama colusión. Su fin es tomar el control de una determinada porción del mercado en el que alguna parte opera, y actuar de manera consistente impidiendo a otros agentes entrar al mercado. Los acuerdos más comunes bajo esta modalidad se producen para dividir un mercado, establecer precios, limitar la producción o limitar las oportunidades [15].

Un saludo en colisión Colusión? (imagen de redes)
Si en un mercado sujeto bajo captura regulatoria se lograse romper la colusión, se daría inicio a una bajada de precios hasta llegar al punto de equilibrio de la competencia perfecta. La colusión es pues una concertación hecha entre dos o más personas en forma clandestina, con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien y consiste en ponerse de acuerdo subrepticiamente con los interesados en lo que la ley no permita. Esta concertación es en principio lícita, pues esa es precisamente la función del funcionario: debe iniciar tratativas y llegar a acuerdos con los privados contratantes. Pero al hacerlo debe defender los intereses de la administración pública. Por eso para ser indebida y penalmente relevante, esta “colusión” debe contener el elemento de fraude.

Fuente:
[1] WEBER, Max. La política como vocación. 1919
[2] WEBER, Max. The Theory of Social and Economic Organization (1947). p.154
[3] HASNAS, John. Las teorías normativas de la ética empresarial: una guía para los perplejos. Business Ethics Quarterly v. 8 (Enero 1998) p. 19-42 ISSN 1052-150X Número: BSSI98006753
[4] BRANDEN, Nathaniel, '' The Question of Monopolies, The Objectivist Newsletter (Junio 1962)
[5] ROTHBARD, Murray , El estado versus la libertad, en La ética de la libertad de Rothbard (1982)
[6] REED, Lawrence . Caza de brujas para barones ladrones: la historia del petróleo estándar. The Freeman, una publicación de The Foundation for Economic Education, Inc., (Marzo 1980), vol. 30, N ° 3.
[7] GREENSPAN, Alan. Antimonopolio Colección de Ayn Rand, Capitalism: The Unknown Ideal (Junio 1998)
[8] DAL BÓ, Ernesto. "Captura reglamentaria: una revisión". Oxford Review of Economic Policy 22, no. 2 (2006): 203-225.
[9] ADAMS, Gary et al. "Captura reglamentaria: gestión del riesgo" ICE Australia, Conferencias y eventos internacionales (Octubre 2007).
[10] HAMILTON, Alexander (2013), Small es hermoso, al menos en las democracias de altos ingresos: la distribución de la responsabilidad de la formulación de políticas, la responsabilidad electoral y los incentivos para la extracción de alquileres. Banco Mundial
[11] MOORE, T et al. (Abril 2011). "La brecha de distorsión: formulación de políticas bajo el federalismo y la captura de grupos de interés" . Publio . 42 (2): 189–210. doi : 10.1093 / publius / pjr037 . JSTOR  41441079 
[12] LEE, Timothy B. "Enredando la web" The New York Times (3 de agosto de 2006).
[13] "Mercados políticos delgados: el punto débil del capitalismo". cmr.berkeley.edu.
[14] HANSON, Jon; YOSIFON, David. La situación: una introducción al carácter situacional, el realismo crítico, la economía del poder y el resumen de captura profunda en la Red de Investigación de Ciencias Sociales . University of Pennsylvania Law Review, vol. 152, p. 129 (2003-2004); Santa Clara University Legal Studies Research Paper No. 06-17; Harvard Public Law Working Paper No. 08-32.
[15] O'SULLIVAN, Arthur. (2003). Economics : principles in action. Prentice Hall. ISBN 0130630853. OCLC 50237774